“Aquí jamás se ha dicho que la inmigración sea un problema”

Ruth Sarabia es Doctora en Periodismo. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como Diario Sur o TVE, y en el Gabinete de prensa de la Universidad. Es experta en Participación y Voluntariado y tiene un Máster en Alta Dirección de Instituciones Sociales. Ha sido Directora técnica de Participación Ciudadana y desde 2015 es Directora General de las tres áreas que componen la concejalía de política social: Igualdad, Derechos Sociales y Participación Ciudadana.

-          El año llega a su fin. ¿Qué balance hace con respecto a los derechos sociales en Málaga en 2017?

En los últimos años hemos estado afectados en nuestra ciudad por una crisis muy importante que ha hecho que ciertos derechos sociales, que considerábamos que estaban garantizados, de pronto se tambalearan. Pensábamos que teníamos una estructura de servicios sociales fuerte y en cuanto ha llegado la crisis nos hemos dado cuenta que no era tan fuerte como creíamos. Ya hemos pasado los peores años y se nota en el número de personas nuevas que entran a servicios sociales que ya no llevan el ritmo de años anteriores, la situación se ha estabilizado. El problema es que, aún así, lo que da seguridad y garantiza los derechos sociales no somos las administraciones públicas, es tener un puesto de trabajo garantizado, que es lo que le da dignidad a la persona. Desde las administraciones ponemos tiritas pero, a veces, cuando alguien ya se está desangrando, y eso no son soluciones a largo plazo, son soluciones para paliar una situación en corto o medio plazo, para dar un poco de oxígeno hasta que encuentran un empleo. Los puestos de trabajo han aumentado y el número de nuestras personas usuarias que han conseguido un trabajo después de estar en desempleo mucho tiempo ha sido muy importante, pero son trabajos precarios, empleos que no nos permite decir que se ha solucionado la situación de vulnerabilidad que tenía esa familia; sí se ha salido de la situación de la extrema necesidad y se pasa a estar en riesgo de exclusión social sin estarlo realmente, pero no es una solución para plantear que ya pueden salir totalmente del círculo de los servicios sociales. Desgraciadamente, necesitamos un empleo de más calidad y más estable y que afecte a los dos miembros de la pareja para conseguir que esa familia tenga asegurado su techo, su comida, su ropa, y puedan tener un acceso a la alimentación normalizado. Para eso se necesitan años y la mejora en la calidad del empleo. Lo fundamental es que garanticemos sus derechos sociales.

Hemos tenido que tener mucha creatividad e imaginación frente a la crisis y a las situaciones de vulnerabilidad de las familias porque en muchos casos, las medidas tradicionales que habíamos puesto en años anteriores no servían, ya que las circunstancias de hoy en día eran diferentes a las que teníamos antes de 2017.

Hemos tenido que dar una vuelta de tuerca para todo para intentar evitar que las familias cayeran en esa rueda de la que es muy difícil salir dentro de los servicios sociales. Hemos intentado que las ayudas se dieran siempre que hubiera un compromiso por parte de la persona por salir de ese círculo de la pobreza, no de quedarse cobrando 400 euros para siempre, porque esa no es la solución a los problemas; la solución es que te encuentres en un itinerario de inserción socio-laboral. Y eso es lo que les hemos exigido, entre comillas, a las familias a las que les dábamos esas prestaciones. Les ayudamos, pero se tienen que comprometer a que si sale un curso de formación lo van a hacer, así es como van a tener la oportunidad de reinsertarse, si no nunca van a salir de esta rueda, y dentro de la rueda no les estamos dando la solución a sus problemas, solo les estamos dando un poco de ayuda.

-          ¿Cómo va el proceso de adaptación del Área a la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía?

Celebramos que exista por fin la nueva ley porque han sido más de 30 años en los que ya, sobre todo en los 10 últimos años, llevábamos mucho tiempo exigiendo a la Junta de Andalucía que hiciera una modificación. Era una ley arcaica que no recogía la realidad que en nuestra región y en nuestra ciudad se estaba produciendo en el tema de derechos sociales. Celebramos que exista, pero nos hubiera gustado que hubiese recogido de alguna manera las propuestas que se hicieron por parte del equipo técnico sobre todo, porque en el Área hicimos un proceso de recogida por parte del equipo técnico para mejorar el texto de la ley y poquitas cosas se tuvieron en cuenta al respecto.

¿Qué pensamos de la adaptación? Estamos en ello, hay cosas que ya cumplíamos perfectamente y no hemos tenido que hacer ninguna adaptación y hay otras cosas que sí tenemos que volver a plantearnos, por ejemplo: ahora hay una posibilidad de que la persona usuaria elija a qué trabajador o trabajadora social quiere. Hasta ahora siempre se le asignaba por la zona de trabajo social, por la UTS que le correspondía. En muchos casos son simplemente mecanismos para dar nueva información a la persona, que no nos exige reconvertirnos. En otros casos sí nos exige, por ejemplo: un incremento en las plazas de oposiciones que hay que sacar y hemos comenzado después de muchos años de congelación a sacar plazas para este mismo 2017, 3 plazas de trabajo social, que se van a incrementar en las futuras anualidades; porque la ratio que tenemos que cumplir en relación con el número profesionales con el de usuarios y usuarias estamos todavía muy por debajo y por eso tiene que incrementarse la contratación y en este caso, como es contratación pública, tiene que ser a través de unas oposiciones o de un concurso-oposición. Teníamos en los años atrás un Decreto del Gobierno que llevaba más de 6 años vigente que no permitía, de ahí la congelación, esos puestos de trabajo. No posibilitaba que se incrementara el funcionariado de ninguna de las administraciones públicas debido a la crisis que estábamos pasando y a que había que cumplir una serie de techos de gasto. Ahora que se han abierto las posibilidades, eso es lo que vamos a hacer para tener un personal estable e intentar acercarnos a esa ratio que tenemos que cumplir y que ya viene establecida en la Ley de Servicios Sociales.

Nos hubiera gustado que hubiésemos sido un poco más ambiciosos, y que no estemos otros 30 años sin cambiar la ley. Ya en ésta echamos de menos algunas cosas, pues hubiera estado mejor tener garantías, por ejemplo, que los programas para población gitana, para población inmigrante, por las zonas de transformación social tuvieran asegurada la financiación y no estemos a voluntad de unas subvenciones que hay unos años que pueden salir y otros que no. Son problemáticas que tenemos desde hace 20 años encima de la mesa y no se han solucionado y la Ley de Servicios Sociales podía permitir esa financiación estable y haberlo tenido asegurado y recogido dentro de la propia ley, y al final se ha optado por continuar con el modelo que se tenía. Hay cosas que podíamos haber mejorado, como en todas las leyes, y otras que algo sí se ha recogido para modernizar lo que estábamos viviendo.

-          ¿En qué momento se encuentra la ciudad en el ámbito de actividad social con respecto a la Comunidad autónoma andaluza y al resto de España?

En el ámbito social, la comunidad entera, Andalucía y Málaga dentro, estamos a años luz en casi todas las ratios, en negativo desgraciadamente, respecto a otras comunidades autónomas de España. En el índice de pobreza infantil, el índice de personas usuarias de los servicios sociales..., Andalucía está en lo más bajo dentro de España. Dentro de Andalucía hay provincias que se encuentran en peores circunstancias que Málaga.

Nos preocupa porque, al final, la pobreza de menores viene muy ligada a todo lo que tiene que ver con el empleo y la educación, y en estas áreas Andalucía sigue estando a la cola de España, se nota en que las familias sean más pobres. Se tiene peor empleo, más precario, de peor calidad, más estacional y encima en  educación en todos los informes europeos incluido el PISA salimos a la cola, teniendo por delante nuestra a países como Bulgaria o Rumania en educación. Hace que te lleves las manos a la cabeza. Tenemos un estudio, que ha hecho el Observatorio para la Inclusión Social que tenemos en el Área, en el que se comprueba radicalmente que más del 80% de las personas usuarias de Servicios Sociales no tiene la Educación Primaria terminada y por eso muchas veces vienen a los Servicios Sociales, ya que porque no pueden acceder a un empleo de mejor calidad o mejor calificación y tienen muchas más cortapisas a la hora de poder estar integradas dentro de una sociedad. Si continuamos teniendo tan malos resultados en los datos de educación, fracaso escolar, absentismo, de abandono, incluso del sistema educativo antes de acabar la ESO, volveremos a perpetuar estos malos resultados en el ámbito social. Nada ocurre porque sí, ocurre por unos temas que son los prioritarios y es esa formación para que te dé acceso al mercado laboral.

Me preocupa que, si bien Málaga no es la provincia que está peor de la Comunidad, Andalucía sí lo está con respecto al territorio nacional, y España también está a la cola dentro de la Unión Europea.

-          ¿Cómo ha evolucionado el tejido asociativo de Málaga con relación al Área? ¿Han mejorado las sinergias?

El tejido asociativo a mejorado muchísimo. Recuerdo cuando llegué, el año que viene hace 15 años que estoy trabajando en el Ayuntamiento, teníamos escasas 1.000 asociaciones y ahora mismo tenemos 3.200 asociaciones en el registro. Esto no implica que todas estén haciendo actividades todos los días, implica que al menos 2.500 estén activas, que ya es un tejido asociativo muy vivo. En número de asociaciones registradas, Málaga ya está la 2ª de España, solo nos supera Barcelona que tiene una tradición de movimiento asociativo mucho mayor, tiene cerca de 6.000 entidades. Pero hemos conseguido superar en número de entidades a Madrid; significa que no siempre que haya más cantidad es síntoma de que son los mejores, refleja que es muy sencillo crear una entidad.

En Málaga si hay interés por una causa la gente no tiene problema en asociarse, crear una entidad y trabajar por esa causa. Sobre todo son entidades de carácter social, cuando yo entré hace 15 años la mayor parte de asociaciones que existían eran de vecinos porque había unas carencias que ya están cubiertas. Las personas de Málaga, que sí somos solidarias, ante la crisis que hemos pasado hemos visto que había que dar un paso adelante y echar una mano.

-          ¿Qué visión cree que tiene la ciudadanía malagueña de los servicios sociales municipales?

En los peores años de la crisis en otras ciudades nos decían que tenían verdaderas guerras abiertas contra los Ayuntamientos, contra las instituciones, manifestaciones en las plazas de sus ciudades y de sus pueblos, colas larguísimas para conseguir una ayuda... Y aquí no hemos tenido nada de eso. Aquí hemos tenido dos cosas: en nuestra comunidad las familias son todavía más importantes que en otras zonas de España, tenemos muy arraigado el sistema familiar que sirve de red de contención y de apoyo, y también un buen sistema de servicios sociales, que no ha hecho que existan colas ni demandas causadas por falta de atención a la hora de recibir ayudas; no ha habido ningún colapso de los servicios sociales porque ya tenían una estructura muy bien distribuida en los 11 distritos. Eso es porque se ha apostado incrementando en los últimos 10 años de 500.000 euros que teníamos para ayudas a 6.000.000 euros.

Pero la ciudadanía en general no conoce los servicios sociales, solo lo conoce quien lo tiene que utilizar que lo valoran muy bien. Aunque a raíz de la dependencia se democratizaron un poco los servicios sociales, hasta entonces solo era para las personas pobres. Aún así saben que existimos pero no saben para qué hasta que les toca. Una vez que son personas usuarias nuestras la valoración es muy positiva, más de un 8, y estamos muy contentos.

-          En la provincia de Málaga se contabilizan aproximadamente unos 3.000 casos activos de violencia de género que se producen en todas las edades y capas sociales. ¿Es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género el principio de la solución a esta realidad en el conjunto de España?

Es el principio, sí. Dentro del Pacto, que incluye casi 250 medidas, hay muchas de todo tipo. Unas que se tienen  que tomar a escala nacional, otras a escala autonómica, y otras en el ámbito local. Tenemos mucha fe en las medidas que en el ámbito local vayamos a priorizar. Aún no hemos tenido las reuniones a través de la FEM (Federación Española de Municipios) para que los municipios digamos qué partes nos van a tocar de atención a las víctimas, recursos de acogida, campañas de sensibilización, apoyo económico a las mujeres víctimas de esa violencia. Nos tienen que decir hasta qué punto se nos va a escuchar, porque el equipo de profesionales que tratan a las víctimas de violencia de género está en los municipios. Nos hubiera gustado que la financiación hubiera venido distribuida de otra manera para que los ayuntamientos tengamos más recursos, porque ahora todo lo que hacen los ayuntamientos se hace ‘a pulmón’, sin financiación autonómica, ni nacional. Respecto a las medidas, el Pacto va a dotar de un mayor valor a la parte educativa. Si no empezamos a trabajar cuanto antes con esos niños y niñas, difícilmente cuando sean personas adultas se va a revertir una situación de violencia. Hay que empezar a trabajarlo cuanto antes, con algo obligatorio dentro del propio currículo educativo, no con charlas puntuales. Hasta que la juventud no se dé cuenta de ciertas conductas que son violencia de género, como el control a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, estaremos en las mismas. Podemos intervenir con niños, niñas y mujeres que han sido víctimas, pero, o cambiamos la raíz del problema, o las administraciones solo podremos poner tiritas.

-          Hasta finales de octubre, la cifra de inmigrantes llegados en patera a las costas andaluzas supera las 12.000. Esta cifra no deja de crecer. ¿Están Málaga y Andalucía preparadas para acoger a tantas personas?

No estamos preparadas. Aquí también hay un tema diplomático. Marruecos ha decidido no controlar sus costas durante un tiempo. Esto hace que la inmigración llegue a nuestras costas. Es imposible recibir a 100, 200 inmigrantes al día. Los problemas son siempre los mismos, si no se frenan donde se tienen que frenar, seguirá pasando. En una ciudad como la nuestra, con la cifra de paro que tenemos, cuando estas personas llegan sin formación, sin hablar el idioma, sin papeles... ¿cómo van a tener una vida mejor? Para estas personas sí es una vida mejor porque no tenían antes el acceso a lo que aquí le ofrecemos cuando vienen: un techo, comida, ropa. Para quienes que estamos aquí estas circunstancias son infrahumanas. Cada año aumentamos nuestras plazas para personas extranjeras. Somos ciudad refugio y hemos dado dinero, casas, pisos y centros para que las personas refugiadas tuvieran las mejores condiciones. Somos un ayuntamiento y nuestros medios son finitos. Hay que ayudar a la gente de aquí a la que viene de fuera. En Málaga hemos cuidado muchísimo siempre el tema de la convivencia. Lo correcto, como se ha hecho en años anteriores, es que las llegadas se produzcan pausadamente, escalonadamente y distribuir por el territorio nacional los medios para atender a estas personas.

-          El último informe de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social señala que el 33% de la población infantil de la Comunidad autónoma está en riesgo de pobreza o exclusión. El grupo de edad que presenta un mayor índice AROPE es el de 16-29 años con un 45,52%. Una de las consecuencias de este problema es su reproducción a través de generaciones. ¿Son efectivas las políticas sociales locales actuales con respecto a la pobreza infantil y juvenil?

El problema es que las políticas locales son políticas coyunturales, no estructurales. Si los pilares básicos de vivienda, educación y empleo no son de nuestra competencia, ¿cómo vamos a arreglarlo?  Para mí es un error que esto dependa de las comunidades autónomas, porque implica que dentro de tu propio territorio nacional te va a condicionar haber nacido en Andalucía o en el País Vasco. No debería haber diferencias entre territorios de un mismo país. En Navarra o País Vasco tienen garantizadas la mejor educación, el empleo y el acceso a la vivienda. Al contrario que aquí. Planteamos que estas tres políticas sean las mismas para todo el territorio nacional. No puede haber una España de primera y una España de segunda división.

-          El Departamento de Estado de EE.UU. elogió a Málaga por su proyecto pionero interdisciplinar en materia de prevención contra la radicalización. ¿Puede comentarnos en qué consiste esta iniciativa y qué resultados se esperan?

Es un proyecto pionero que solo se hace en Málaga y por eso vienen tanto de otros lugares a verlo. No le dimos tanta importancia cuando empezamos a trabajar hace ya tanto tiempo. En Málaga, el fomento de la convivencia hace que las personas extranjeras estén bien cuidadas desde que llegan. Hemos fomentado las relaciones con asociaciones de las diferentes comunidades de sus propios países que les sirven de redes de apoyo y acogida. Hay 153.000 personas extranjeras, no llega al 10% de la población y esto permite que se pueda trabajar bastante bien. Tener inmigrantes se ha vivido siempre con una gran normalidad gracias al turismo. Además, la ciudadanía malagueña es gente abierta y hospitalaria. Desde el Ayuntamiento, desde que se creó el área de inmigración se han querido dar unas circunstancias especiales; que las personas que se empadronaran recibieran una carta directa del alcalde en la que pone a su disposición los servicios sociales y la entidad de su comunidad para contactar. Son acogidas desde que llegan. El clima de tolerancia ha sido muy bien valorado por la población extranjera. Aquí jamás se ha dicho que la inmigración sea un problema. El carácter de la ciudadanía malagueña es de una ciudad cosmopolita. En París, por ejemplo, se han creado guetos. No extraña que la gente se radicalice, pues pagan impuestos y no reciben los servicios, ni tienen los mismos derechos que la gente de allí. Si entran mafias que lavan la cabeza a la juventud que no tiene una buena educación, que no encuentra trabajo, que se consideran parias para la sociedad, pues acaba convencida que son de segunda por ser de una religión diferente. Aquí trabajamos en la prevención. La gente no puede olvidar sus orígenes, ni su religión. Todos llevamos una mochila con lo que tenemos. A pesar de la crisis no se ha menguado un euro en cooperación internacional. Hemos volcado toda la experiencia que llevábamos haciendo en distintos planes: inclusión, ciudadanía y convivencia, y lo hemos puesto en el plan de prevención de la radicalización. Con esto, intervenimos socialmente con profesionales de la psicología, la educación, el trabajo social justo antes de que haya ningún problema. No hay orgullo mayor que las personas extranjeras me digan que les han hecho sentir parte de la comunidad. En cuanto estás aquí, eres vecino o vecina de Málaga. Si una persona se siente de aquí, nadie le va a lavar la cabeza para que ataque a la gente.

-          A grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos sociales más importantes del año 2018?

Principalmente, trabajar con las familias en peores circunstancias. Estamos haciendo un plan de choque integral, para que, volcando todos los recursos que tenemos, salgan de la rueda de la pobreza. Si garantizamos sus suministros vitales básicos, el alquiler de tres años, curso de formación con obligación de inserción laboral... Si trabajamos con ellas durante 3 años con las 550 familias más vulnerables, queremos pensar que se romperá el círculo. Hemos de comprobar que si ponemos un plan integral sobre la mesa en vez de tiritas, se consigue. Queremos garantizar los derechos sociales para las personas que están en situación de vulnerabilidad total.

Entrevista realizada como periodista del Ayuntamiento de Málaga y publicada en el Boletín Informativo de Derechos sociales